Doctrina- Manuales de actuaciones mínimas

RESOLUCION EXENTA N°: 115 Santiago, 31 / MAR / 2023

REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Defensoría Penal Pública

ESTABLECE NUEVO MANUAL DE ACTUACIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE ENTREVISTA Y VISITA A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DURANTE EL PROCESO Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 529 DE 2014 Y DEMÁS ACTOS QUE INDICA.

Resolución exenta N°

Santiago, 1. Lo establecido en el artículo 7º de la Ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública; 2. Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 3. La Resolución Exenta N° 88 de 2019, que aprueba nuevos estándares básicos para la prestación de defensa penal; 4. La Resolución exenta N° 529 de 27 de agosto de 2014, que establece instructivo de actuaciones mínimas sobre privación de libertad durante el proceso y visita a condenados privados de libertad en las regiones en donde no existe programa de defensa penitenciaria; 5. El artículo 19 N° 3 y 7 de la Constitución Política de la República; 6. El Decreto N° 808 de 1988 que promulga la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución 39/46, de fecha 10 de diciembre de 1984; 7. El Decreto N° 809 de 1988 que promulga la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada el 9 de diciembre de 1985 por la Organización de los Estados Americanos en el decimoquinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General; 8. Los artículos 5, 7 y 8 del Código Procesal Penal; 9. El Decreto Supremo 129 de 5 de noviembre de 2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nombra al suscrito en el cargo de Defensor Nacional;

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10. Decreto supremo N° 495 de 2002 del Ministerio de Justicia, que establece el reglamento sobre licitaciones y prestación del servicio de defensa penal pública; 11. Los oficios 233 de 31 de agosto de 2016 y 626 de 26 de septiembre de 2016 del defensor nacional que establecen pilotos de visitas de cárcel a imputados privados de libertad en las Regiones Metropolitana Norte y Tarapacá, respectivamente; y, 12. La Resolución N os 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1° Que la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 3, que asegura a todas las personas la igual protección de la Iey en el ejercicio de sus derechos, estatuye que las personas tienen derecho a defensa jurídica en la forma que señale la ley y, particularmente, a que no se perturbe, restringa o impida la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida, además de asegurar el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si el imputado no nombrare uno en la oportunidad establecida en la ley, y que en el mismo artículo, en el numeral 7º, se reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual; 2° Que las personas beneficiarias del servicio de defensa penal pública gozan de los derechos a la dignidad, defensa, a ser tratados como inocentes, a ser informados del curso del proceso que se sigue en su contra, y a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que están consagrados en tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto De San José de Costa Rica"; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y la Convención de Belem do Parà; 3° Que el artículo 2º de la Ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública, establece que ésta tiene por finalidad proporcionar defensa penal a las personas imputadas o acusadas por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes en su caso y que carezcan de abogado;

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4° Que la Defensoría debe velar por el respeto de la dignidad de la persona imputada, especialmente de las privadas de libertad durante el proceso pues, desde la perspectiva de la prevención de la tortura, el acceso a un/a abogado/a constituye una salvaguardia importante para reducir los riesgos de tortura y de malos tratos, dado que proporciona una protección que va más allá de la preparación de la defensa legal de la persona detenida y, en ese sentido, se cumple con algunos de los mecanismos preventivos exigidos en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, y la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada por la Organización de los Estados Americanos; 5º Que el artículo 7º letra d) de la Ley N° 19.718, establece que corresponderá al Defensor Nacional fijar, con carácter general, los estándares básicos que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten servicios de defensa penal pública; 6° Que son prestadores/as del servicio de defensa penal pública los/as defensores/as locales, licitados/as y contratados/as en forma directa mediante convenio y todo aquel abogado/a al que se le encomiende por la Defensoría Penal Pública ejercer labores de defensa en conformidad a la Iey; 7º Que la finalidad de los estándares de defensa penal pública es garantizar una defensa penal de calidad, a través de su correcta aplicación por los defensores y defensoras penales públicos, lo que a su vez debe evaluarse mediante los mecanismos de control contemplados en la Iey; 8 o Que la defensa penal garantizada mediante los estándares dice relación con un conjunto de acciones, judiciales y extrajudiciales, que quienes prestan defensa penal pública deben realizar durante todas las etapas de la persecución penal dirigida en contra de la persona imputada, todas ellas destinadas a resguardar sus derechos e intereses; 9º Que la Resolución Exenta N° 88 de 2019 de la Defensoría Nacional, que aprueba los estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal pública, establece que se podrán dictar las normativas institucionales internas que permitan precisar el contenido y alcance de los estándares de defensa; 10º Que lo que se busca con la presente instrucción es asegurar que todas las personas que se encuentran sometidas a una medida cautelar personal privativa de libertad lo sean en los casos y en la forma previstos en la ley, por el plazo

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estricto que sean necesarias para asegurar los fines del procedimiento, y en las condiciones de dignidad que merece; 11° Que los resultados obtenidos mediante la realización de inspectorías y auditorías externas, en las que se ha revisado el servicio de defensa penal pública en este tipo de casos, dejan en evidencia que existen ámbitos perfectibles que hacen conveniente la formulación explícita de las actuaciones mínimas que exige un adecuado ejercicio de la defensa penal en el contexto de las mismas; 12º Que, de acuerdo con el Art. 20 de la Ley 19,718, el/la defensor/a regional debe velar por la calidad del servicio, por lo que debe orientar a su equipo de defensa en relación a sobre las entrevistas con personas privadas de libertad en los casos en que se deba intervenir en su región; 13° Que la Defensoría ha utilizado tradicionalmente la voz “visita de cárcel” para referirse a los traslados que defensoras y defensores hacen a los recintos penitenciarios para reunirse con las personas que están privadas de libertad durante el proceso, pero en esta ocasión se ha preferido usar la palabra “entrevista” para destacar que lo relevante no es sólo la mera presencia del/la profesional en un recinto carcelario lo que se exige, sino el contacto efectivo, idealmente de y la defensa titular con su representado/a a fin de transmitir información básica y necesaria para una correcta defensa, y la revisión de las de las condiciones carcelarias en que se encuentra la persona defendida; 14° Que desde la época en que fue regulado el procedimiento vigente de visita de cárcel, se han producido diversas modificaciones a los Estándares Básicos de Defensa Penal, por lo que se hace necesario ajustarlo a la realidad normativa de la institución; y, 15º Que estas actuaciones mínimas son aplicables a toda persona defendida por la institución, por lo que debe entenderse complementado por los Manuales que establezcan Actuaciones Mínimas en casos en que corresponda la aplicación de algún tipo de defensa especializada.

RESUELVO:

PRIMERO: Establécese el siguiente nuevo manual de actuación mínimas para defensores/as penales públicos/as sobre entrevista y visita a personas privadas de libertad durante el proceso:

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MANUAL DE ACTUACIONES MÍNIMAS SOBRE ENTREVISTA Y VISITA A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DURANTE EL PROCESO

Destinatarios y ámbito de aplicación El presente Manual de Actuaciones Mínimas establece reglas relativas al comportamiento básico de defensoras y defensores, y demás personas que trabajan en la defensa pública en relación al procedimiento de entrevista con las personas sometidas a prisión preventiva, internación provisoria, internación provisional, arresto domiciliario total, detención previa durante el procedimiento de extradición pasiva y la internación del condenado extranjero a la espera de la ejecución de la expulsión. A su vez, se regula la revisión de la prisión preventiva, internación provisoria e internación provisional (art. 464 C.P.P.) y las actividades de aseguramiento de las condiciones de dignidad relativas a la ejecución de dicha privación de libertad y el sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de casos de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI).

I. En relación con el procedimiento de entrevista y visitas a personas imputadas que se encuentran privadas de libertad durante el desarrollo de un proceso penal y personas condenadas extranjeras a la espera de expulsión del art. 34 de la ley 18.216

I.1. Objetivos. La visita a personas que se encuentran totalmente privadas de libertad durante el proceso penal tiene como objetivo generar una instancia de comunicación y entrevista efectiva, ello vinculado directa o indirectamente al ejercicio del derecho de defensa técnica de la que es titular, permitiendo, por ejemplo: a) Establecer un vínculo de confianza entre abogado/a e imputado/a, permitiendo la entrega y/o recepción de información jurídicamente relevante entre el/la defensor/a y su representado/a, en especial, conocer en detalle su versión de los hechos y su participación; la existencia de prueba de descargo y cualquier otro antecedente que pueda ser relevante para la tramitación de la causa y su teoría de caso;

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b) Examinar con la persona imputada la información existente en la carpeta investigativa, la eventual existencia de prueba de descargo, y, en general, sus derechos y obligaciones dentro del proceso penal; c) Definir en conjunto la estrategia de defensa, las diligencias que deben gestionarse conforme a ella, y en general, cualquier decisión jurídica relevante en el caso; d) Mantener informada a la persona imputada del estado del proceso, de la investigación, las eventuales consecuencias jurídicas y fácticas de la persecución penal iniciada en su contra y las alternativas jurídicas de que dispone para conducir el caso y sus posibles consecuencias; e) Constatar las condiciones físicas y mentales en que se encuentra su representado/a y que las condiciones en que cumple la privación de libertad sean compatibles con el estándar de la dignidad; Lo anterior es sin perjuicio de los objetivos propios de las entrevistas que se deben realizar en forma previa a las audiencias relevantes y que se regulan en los manuales de actuaciones mínimas respectivos 1 . f) Mantener una observación permanente de la situación de las personas privadas de libertad, que a su vez tenga un efecto preventivo o disuasivo de conductas que vulneren sus derechos. En lo que respecta a las personas privadas de libertad a la espera de una expulsión del Art. 34 de la Ley 18.216, se aplicarán los objetivos que sean compatibles con la especial situación en que se encuentran. El/la defensor/a deberá procurar en la entrevista con su representado/a, informar en lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la audiencia y/o la gestión que requiere su presencia, las alternativas procesales disponibles y las consecuencias jurídicas de cada una de ellas, entre otros aspectos.

1 En materia de la etapa de investigación y etapa previa a la audiencia de preparación de juicio oral, véase la Resolución exenta N° 344 de 2017, numerales 5 del manual de etapa de investigación, y 4 del Manual de etapa previa al APJO. En relación al Manual de actuaciones mínimas de juicio oral, revisar lo dispuesto en el numeral 5 de la Resolución exenta N° 345 de 2017. Respecto a adolescentes, se deberá tener presente lo dispuesto en los acápites II.1 y II.2 de la Resolución exenta N° 256 de 1017. En cuanto al cumplimiento del MAM de personas indígenas, véanse los capítulos V y VI de la Resolución exenta N° 423 de 2017. En cuanto a migrantes y extranjeros, revisar los capítulos II.3 y II.4 de la Resolución exenta N° 38 de 2019. Respecto a igualdad de géneros, véase lo estatuido en los capítulos II.1 y II.3 de la Resolución exenta N° 484 de 2918. Finalmente, en lo que respecta a personas inimputables por enajenación mental, véase lo dispuesto en el capítulo III.I de la Resolución exenta N° 266 de 2021.

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I.2. Obligación de entrevista y visita. El procedimiento de entrevista establecido en la presente resolución se aplica a las siguientes situaciones de privación de libertad de la persona imputada, cuando son conocidas o debieron ser conocidas por el/la defensor/a: a) Personas imputadas en prisión preventiva o internación provisoria decretada en la causa del defensor/a a quien se hubiese asignado su defensa; b) Personas imputadas en prisión preventiva o internación provisoria decretada exclusivamente en causa diversa; c) Personas imputadas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad en causa diversa; d) Personas imputadas sujetas a internación provisional en causa propia o diversa (art. 464 C.P.P.); e) Personas imputadas sujetas a arresto domiciliario total; f) Personas condenadas extranjeras a pena de expulsión del art. 34 de la ley 18.216 mientras esta no se ejecute; g) Personas imputadas privadas de libertad durante el procedimiento de extradición pasiva.

I.3. Lugar y medios tecnológicos. Como regla general, el procedimiento de entrevista se debe realizar por el/la defensor/a titular en el lugar en que efectivamente se encuentre la persona privada de libertad, salvo en aquellos casos en que proceda la entrevista telemática de acuerdo con las reglas establecidas en este Manual.

I.4. Principio de radicación en la asignación de causas. Con el objeto de facilitar la realización de la entrevista a la persona imputada por el/la defensor/a responsable, el/la defensor/a local jefe/a deberá instar para que se asignen todas las causas a un/a solo profesional, prefiriendo aquél/lla que patrocina la causa en que la persona está privada de libertad, salvo que existan razones justificadas para no hacerlo y ello sea autorizado en el plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la solicitud de traspaso 2 .

2 Vid. lo dispuesto en la Resolución exenta N° 28 de 2018, sobre manual de gestión de defensores locales jefes, capítulo III.2.

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II. Periodicidad de la entrevista y visita II.1. Periodicidad de la entrevista y visita a imputados/as sujetos/as a prisión preventiva e internación provisoria El/la defensor/a responsable de la causa deberá concurrir a entrevistarse con su representado/a al menos una vez en cada quincena del mes calendario, para cuyo efecto éste se divide en dos quincenas (desde el 1 al 15 y desde el 16 al último día del respectivo mes), lo que implica realizar a lo menos dos visitas por mes calendario. La primera visita deberá ser efectuada dentro de la quincena en que la persona fue sometida a privación de libertad. La segunda visita corresponde efectuarla dentro de la quincena siguiente, y así sucesivamente. Si la privación de libertad es decretada dentro de los cinco días previos al término de la respectiva quincena, la primera visita podrá efectuarse en la quincena siguiente, y a partir de ese cumplimiento programar las futuras visitas.

II.2 Cambio de la modalidad presencialidad por medio telemático El/la defensor/a regional podrá excepcionalmente autorizar que solo una de las visitas que establece el numeral anterior, sea realizada de manera telemática, para la totalidad o parte de los/as defensores/as de la región. Para ello, deberá fundamentar su decisión en razones tales como: 1. La lejanía del centro penitenciario o dificultad de acceso 2. Cuando el/la imputado/a no concurre a su visita presencial de la quincena, y el recinto penal en que cumple la prisión preventiva se encuentra en una comuna distante de la localidad del defensor/a; 3. Cuando el/la defensor/a ejerce funciones en una comuna distante del penal en que cumple la prisión preventiva o internación provisoria y la persona imputada tiene alguna de las siguientes audiencias: preparación de juicio oral, abreviado, revisión de cautelares o juicio oral u oral simplificado; 4. Cuando el/la defensor/a realiza su visita presencial quincenal y luego la persona imputada le hace saber su deseo de entrevistarse nuevamente con él/ella. El/la defensor/a regional, de forma previa a la autorización de cambio de modalidad, deberá comprobar que las circunstancias que permiten la modalidad

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telemática existan, además de asegurar la disponibilidad de los recursos tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios. Las visitas quincenales a adolescentes imputados/as bajo la Ley 20.084 no podrán ser reemplazadas por visitas telemáticas, sin perjuicio de la utilización de cualquier medio informático como apoyo y complemento a las visitas presenciales.

II.3 Cambio de periodicidad De manera excepcional, una Defensoría Regional podrá solicitar autorización al Defensor/a Nacional para alterar la periodicidad de la entrevista, cuando existan antecedentes calificados. Para ello la Defensoría Regional deberá señalar detalladamente cuales son los obstáculos que impiden la realización de visitas quincenales y, al mismo tiempo, deberá presentar un informe respecto de las actividades que realizará para intentar remover dichos obstáculos. En caso que la Defensoría Nacional autorice dicha solicitud, no podrá, en ningún caso, establecer una periodicidad mayor a una visita mensual presencial, situación que se revisará semestralmente, con el envío de informes de seguimiento regionales que incluyan expresamente sobre si los obstáculos que dieron origen a autorización se mantienen, así como el avance de las gestiones/actividades realizadas para removerlos. En estos casos la visita y entrevista mensual será presencial y efectuada por la/el titular de la causa.

II.4. Periodicidad de la entrevista y visita a imputados sujetos a internación provisional (art. 464 C.P.P.) Las entrevistas y visitas a las personas descritas en el punto II.A del Manual de Actuaciones Mínimas para la defensa de personas inimputables por enajenación mental (Resolución exenta N°266, de 02 de agosto de 2021) y que, además, se encuentren privadas de libertad con ocasión de la imposición de la medida cautelar de internación provisional (464 C.P.P) serán de carácter mensual, presencial y realizadas por el/la defensor/a titular de la causa. Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables las reglas de delegación previstas establecidas en este manual. Respecto de la modalidad, el/la defensor/a regional podrá autorizar, con el objetivo de permitir la entrevista por titular u otros motivos fundados, que estas entrevistas y visitas sean realizadas por medios telemáticos.

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Si la privación de libertad es decretada dentro de los cinco días previos al término del respectivo mes, la primera visita podrá efectuarse en la quincena siguiente, y a partir de ese cumplimiento programar las futuras visitas.

II.5. Periodicidad de la entrevista a personas imputadas con medida cautelar de arresto domiciliario total Respecto a las personas que se encuentren con la medida cautelar de arresto domiciliario total, deberán ser entrevistadas por su defensa al menos una vez al mes la que se llevará a cabo por cualquier medio que permita la interacción en tiempo real como teléfono, WhatsApp, videoconferencia, etc., para lo cual se utilizarán los datos proporcionados y actualizados por la persona imputada. Se entenderá cumplida esta exigencia si la entrevista se realiza a iniciativa de la persona defendida o de la defensa. De esta entrevista se dejará registro en los sistemas informáticos institucionales.

II.6. Periodicidad de la entrevista y visita a personas privadas de libertad durante el procedimiento de extradición pasiva El/la profesional de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional que sea responsable de la causa deberá realizar una visita presencial dentro de los quince días previos a la audiencia prevista en el artículo 448 del Código Procesal Penal. Una vez celebrada dicha audiencia y hasta que quede ejecutoriada la sentencia que se pronuncie sobre extradición pasiva, el defensor/a deberá realizar una visita mensual presencial. Excepcionalmente, el/la jefa/e del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, podrá autorizar que alguna de las visitas prevista en el párrafo anterior sea realizada por medios telemáticos, cuando existan causas fundadas para así proceder. En el evento que se acoja una solicitud de extradición pasiva en la cual se disponga de la entrega diferida de la persona requerida por existir otro proceso penal o condena pendiente en Chile, el/la defensor/a deberá informar inmediatamente al defensor/a titular de dicha causa.